El sector vitivinícola francés se encuentra en plena reestructuración, un proceso que ha comenzado este año con fuerza con el arranque definitivo de miles de hectáreas de viñedo y que ahora se enfrenta a nuevas decisiones estratégicas. Con el objetivo de ajustar el potencial productivo a la realidad del mercado, 5.418 viticultores han solicitado el arranque definitivo de 27.461 hectáreas para finales de año.
Esta medida, que deberá completarse antes del 2 de junio de 2025 para recibir una compensación de 4.000 euros por hectárea, se plantea como una solución económica y social, según señala la Asociación General de la Producción Vitícola (AGPV). Según la organización, la eliminación permanente de estas superficies permitirá reducir los volúmenes en el mercado y dará la oportunidad a ciertos productores de retirarse con dignidad.
Sin embargo, el arranque definitivo de viñedo no es la única herramienta que el sector considera necesaria para una reestructuración efectiva. La AGPV insiste en la importancia del arranque temporal, que ofrece más flexibilidad y permitiría a los viticultores ajustar su producción de manera más gradual. Este arranque temporal implica una suspensión de cuatro años en la replantación, a cambio de una ayuda de 2 500 euros por hectárea. No obstante, su aplicación requiere un acuerdo favorable en el seno del Grupo a Alto Nivel de políticas vitivinícolas de la Comisión Europea, donde el tema aún se está debatiendo.
Stéphane Héraud, presidente de la AGPV, reafirma que el objetivo de reducir 100.000 hectáreas del viñedo sigue vigente, un recorte que representa un 13% de las 789.000 hectáreas totales registradas en 2023. La previsión inicial era dividir este ajuste en un tercio de arranque definitivo y dos tercios de arranque temporal, pero las solicitudes de eliminación permanente han sido menores de lo esperado. Héraud enfatiza que la «próxima batalla» consiste en asegurar el apoyo al arranque temporal, un paso decisivo para mantener el equilibrio del sector.
El tema de la financiación será clave en los próximos meses, ya que la implantación del arranque temporal deberá coordinarse con el presupuesto de la Organización Común de Mercado vitivinícola (OCM vino), que gestiona 260 millones de euros anualmente. De estos, 100 millones se destinan actualmente a la reestructuración del viñedo, otros 100 millones a la inversión en infraestructuras y 40 millones a la promoción. Bernard Farges, presidente del Comité Nacional de los Vinos con Denominación de Origen y de Indicación Geográfica (CNIV), ha advertido que se avecinan discusiones tensas: «Habrá conflictos. Debemos decidir si priorizamos la promoción y reducimos los fondos para inversión y reestructuración».
Los debates están previstos para las próximas semanas, con reuniones que definirán las prioridades financieras y presupuestarias. Jérôme Despey, presidente del consejo especializado en vino de FranceAgriMer, subrayó que el arranque temporal podría contar con el apoyo de la OCM en cuanto el Grupo a Alto Nivel lo apruebe. Además, las negociaciones sobre el Plan Estratégico Nacional (PSN) 2025, y sobre el período posterior a 2026, también serán decisivas para orientar el desarrollo del sector y buscar nuevos mercados.
Mientras tanto, el sector del comercio sigue pendiente de cómo se redistribuirán los fondos del PSN, con decisiones previstas para enero. Los ajustes a este programa tendrán un impacto directo en la estrategia internacional para gestionar el exceso de oferta y fomentar la competitividad de los vinos franceses.
(vinetur.com)